Prelación de fallo - compra de sentencias

¿Cómo opera la prelación de fallo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo?

Recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto de fecha 25 de febrero de 2021, identificado con el radicado (25000-23-25-000-2011-01185-01). estableció los lineamientos que rigen la solicitud de prelación de fallo al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo el siguiente sentido:

1. Asunto por resolver por el Consejo de Estado:

El Consejo de Estado decidió la solicitud de prelación de fallo, presentada por la recurrente, con la que pretende se tramite y profiera sentencia de segunda instancia sin sujeción al orden cronológico de turnos dentro del proceso.

2. Consideraciones del Consejo de Estado:

El Consejo de Estado somete a estudio la solicitud presentada por la parte procesal que interpuso el recurso de apelación, en la que pone de presente los siguientes fundamentos de derecho:

2.1.1. Es regla general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 que las providencias judiciales se resuelvan en el mismo orden en que hayan ingresado los expedientes al despacho para tal fin, salvo:

“En los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social”. “La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria.

En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden”.

2.1.2. La anterior regla general, tiene una excepción consagrada en el artículo 63-A de la Ley Estatutaria de Administración de justicia, en la que dispone:

“Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”. (negrilla fuera del texto)

Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que, por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente”. (negrilla fuera del texto)

“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos”. (negrilla fuera del texto)

En este sentido concluye el Consejo de Estado lo siguiente:

“De las precitadas normas se advierte que por regla general en la jurisdicción contencioso-administrativa el juez debe proferir la sentencia en el orden en que ingrese el proceso al despacho para ello, y únicamente se puede otorgar un trámite preferencial en atención a la naturaleza del asunto, por razones de: Seguridad nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o en asuntos de especial trascendencia social o por carecer de antecedentes jurisprudenciales y su solución sea de interés público con repercusión colectiva, o cuando su resolución íntegra entrañe solo la reiterada jurisprudencia, o cuando se determine un orden temático para su elaboración y estudio preferente, mediante acuerdo de la Sala”.

“En síntesis, además de los parámetros establecidos en las normas citadas en precedencia, también se puede dar prelación de turno para proferir fallo dentro de un proceso cuando se vean afectados los derechos fundamentales de una persona que se encuentre en circunstancias críticas de debilidad manifiesta, cuando el atraso exceda los límites constitucionalmente tolerables y cuando el asunto guarde una relación directa con la condición del sujeto de especial protección constitucional, que al decidirse sobre aquel incida de manera favorable en su situación”. (Negrilla fuera del texto)

3. Pronunciamiento de la Corte Constitucional:

Sobre la alteración de turno para proferir sentencia, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia de Tutela -693 A de 2011 en el siguiente sentido:

1. 

“Debe, en primer lugar, estarse en presencia de sujetos de especial protección constitucional, que se encuentren en condiciones particularmente críticas. En principio todo aquel que demanda justicia del Estado alienta la pretensión de un fallo oportuno, y son muy diversas las circunstancias que las personas podrían esgrimir para obtener una alteración en su favor del turno para fallar.

Por consiguiente, el primer presupuesto para que ello sea posible tiene una definición estricta, porque la afectación del derecho a la igualdad de aquellos que se vean desplazados en el orden de los fallos sólo puede encontrar sustento en la situación evidente de debilidad, en niveles límite, que presente aquel en cuyo beneficio se de tal alteración”.

2.

“En segundo lugar, como se ha visto, no obstante, el derecho que tienen quienes acuden a la administración de justicia a un fallo oportuno, cuando el incumplimiento en los términos está justificado, el respeto al derecho a la igualdad y a los principios de moralidad y transparencia, y la misma racionalización de la Administración de Justicia, hacen que el criterio de la cola o la fila resulte constitucionalmente adecuado y que todos deban sujetarse a él”.

“Para que en atención a las particulares circunstancias de las partes pueda alterarse ese orden, es necesario que el atraso exceda los límites de lo constitucionalmente tolerable.

Lo anterior implica a su vez que, pese a que todo atraso es contrario al derecho de acceso a la administración de justicia, para que proceda la excepción, debe estarse en presencia de un atraso de carácter extraordinario en relación con la situación que, en general, presente la administración de justicia. Además, que no se hayan adoptado medidas legislativas o administrativas para superarlo, o que las que se hayan tomado no se muestren efectivas a la luz del caso concreto.

De no ser ello así, esto es si la mora no reviste características extraordinarias o si las medidas para enfrentarla se han mostrado eficaces, la situación se inscribe dentro de la carga que el atraso judicial comporta y que todas las personas deben soportar en condiciones de igualdad.”

3. 

“Finalmente, como ya quedó establecido, si bien la administración de justicia debe ser pronta, no todo retardo genera una afectación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

De manera que, para que quepa la excepción citada, se requiere que la controversia tenga relación directa con las condiciones de las que se deriva la calidad de sujeto de especial protección y que, de resultar favorable el fallo, la decisión sea susceptible de incidir favorablemente en tales condiciones”. (negrilla fuera del texto).

Finalmente, respecto de las condiciones de sujeto de especial protección, es importante mencionar que no basta afirmar únicamente que la persona cumple con estas condiciones, sino que también debe probar de manera suficiente que, por ser un sujeto de especial protección, se encuentran afectados sus derechos al mínimo vital y al goce de una vida en condiciones de existencia mínima, porque de no ser así, no será procedente la solicitud de prelación de fallo cuando este sea el motivo que de lugar a la solicitud de prelación de fallo.

Aclaración 

El anterior documento se emite de acuerdo con los Fundamentos de Derecho y Recomendaciones que la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha proferido sobre este tema hasta la fecha. En todo caso, y teniendo en cuenta que las reglas de la jurisprudencia pueden ser objeto de variación. En este sentido, cada situación particular en caso de prelación de fallo deberá ser analizada en concreto y verificar si estas situaciones se enmarcan en los presupuestos de aplicación e interpretación del derecho.

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