Condenan a la Policía Nacional

por la desaparición

de los señores Francisco
y Tiberio Urrego en el Meta*

El 15 de julio de 2010, la señora Sandra Urrego Sánchez recibió, de la subunidad de Apoyo de la Fiscalía para la Justicia y la Paz,  los restos óseos de Francisco Urrego Rojas y Tiberio Urrego Sánchez, su padre y hermano respectivamente, quienes habían estado desaparecidos desde el 17 de enero de 2002.

Según las declaraciones de sus familiares, ellos se encontraban en una cafetería a dos cuadras de la estación de Policía de Cumaral, Meta, cuando miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar y se los llevaron detenidos a la estación. Estando allí, ellos se comunicaron con sus familiares para avisarles que estaban detenidos, pero cuando sus familiares llegaron a la estación, los policías manifiestan que a los capturados los habían liberado. Esta fue la última vez que se vio a los señores Urrego con vida.

Años después, Augusto Romero, alias “Rata Grande”, confesó, en su proceso de reinserción, haber sido uno de los autores materiales del secuestro y posterior homicidio de los señores Urrego. Romero aseguró también que este crimen fue cometido por orden del comandante “Ardila”, jefe de una estructura paramilitar a la que él pertenecía y que tenía influencia en Cumaral.

El asesinato se ordenó por rumores que decían que las víctimas pertenecían a las Farc-Ep, información confirmada por el comandante de la estación de Policía quien colaboraba con los grupos de autodefensas de la región.

Ajena a su función de salvaguardar la seguridad de los habitantes de Cumaral, los miembros de la Policía detuvieron a las víctimas y, posteriormente, las entregaron a los paramilitares para que fueran ejecutadas. Una macabra unión entre el Estado y los grupos ilegales. Si bien es cierto que los miembros de la Policía Nacional no accionaron las armas que acabaron con la vida de las víctimas, fueron determinadores de este asesinato.

Por estos hechos, se condenó en el 2015 al Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas. Sin embargo, ante el escaso presupuesto de la Nación, los beneficiarios no habían recibido los recursos a los cuales tenían derecho. Ellos se acercan a Confival después de esperar más de un año, con el fin de negociar los derechos reconocidos en la sentencia.

La negociación finalizó en junio de 2016, momento en que los familiares de los señores Urrego pudieron usar estos recursos para mejoras de vivienda y empezar su propio negocio.

Han pasado 3 años y el Estado aún no ha pagado esta condena y, si no existieran empresas como Confival, los beneficiarios de este fallo judicial todavía estarían esperando para recibir el pago que les corresponde.

*Los nombres de las víctimas fueron cambiado por seguridad de los familiares.