Cambios en la Privación Injusta de la Libertad

Uno de los temas que ha tenido más cambios en los últimos años es la privación injusta de la libertad. Recientemente, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se han pronunciado unificando criterios y planteando cambios sustanciales en la doctrina que se venía siguiendo.

Lo primero que se debe resaltar es que ambas cortes han reiterado que la privación injusta de la libertad no establece un régimen de imputación estatal especifico, sino que, el régimen de imputación lo debe definir el juez observando las particularidades del caso.

En otras palabras, las altas cortes han otorgado libertad y flexibilidad a la aplicación del artículo 68 de la ley 270, sin estipular una formula estática y arbitraria, otorgando al juez la tarea de dar aplicación a la norma según sus criterios. 

En idéntico sentido se pronunció el Consejo de Estado y, además, modifico por medio Sentencia 66001-23-31-000-2010-00235-01 (46947), la línea que venía siguiendo el Consejo de Estado y marca un hito, ya que, para la alta corporación no siempre que alguien sea privado de la libertad y se beneficie con la preclusión de la investigación o incluso, con declaratoria de inocencia tiene derecho a recibir una indemnización.

En la práctica esto significa que a pesar de que se levante la medida restrictiva de la libertad, ya sea que el hecho que se investigó no existió, el sindicado no cometió el delito del cual se le acuso o que la conducta no constituía un hecho punible, además, de aquellas sentencias en las cuales la desvinculación se realizó a raíz del principio de in dubio pro reo deben ser analizadas bajo la antijuridicidad del daño, es decir, el artículo 90 de la constitución y si, el sindicado dio lugar a la apertura de la investigación.

En palabras de la Corte Constitucional

“determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia, el Estado deba ser condenado de manera automática, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo del juez que determine si la decisión que restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede el precedente constitucional fijado”  

 Corte Constitucional, Sentencia SU-072, Jul. 5/18

Todos estos cambios que vulneran los derechos de los ciudadanos afectados por la mala administración de justicia, tiene como fin ajustar el gasto por sentencias y conciliaciones, siendo una de las entidades con mayor número de condenas la Fiscalía General de la Nación.

Lamentablemente, el debate no está centrado en mejorar las investigaciones que hace la Fiscalía ni el sistema acusatorio, sino en despojar a las víctimas del Estado de sus derechos. Aplicar la presunción de inocencia y no acabar con la indemnización es el camino para vivir en un Estado Social de Derecho y disminuir el pago de sentencias judiciales por errores del sistema de justicia.